Disputa por el tramo 5 del Tren Maya

Disputa por el tramo 5 del Tren Maya

“Inaugurar el Tren Maya, es un asunto de Estado” así lo expresó el presidente en su conferencia matutina del pasado lunes, en la que, desde luego, repartió críticas en contra de los diversos grupos que manifiestan que el megaproyecto atenta contra la biodiversidad y los recursos hídricos de la zona. Como lo hemos venido mencionando en artículos anteriores en lo que va del año, el famoso tramo 5 del tren maya sigue dando de qué hablar.

Y es que, aunque el presidente salga muy airoso en sus conferencias y publique comunicados titulados “Continuará obra de Tren Maya para orgullo del pueblo de México” la realidad es que la tala de selva virgen para abrir paso al tramo 5 del Tren Maya seguirá detenida. Una vez que el juez federal hubiera ordenado la suspensión definitiva de las obras del ferrocarril entre Playa del Carmen y Tulum el pasado mes de mayo, ratificando así, su decisión de abril, cuando paralizó de forma provisional la construcción por la falta de permisos ambientales.

Tras este acontecimiento, la balanza se inclina a favor del grupo de buzos que presentó más de una demanda contra el proyecto alegando que provocará un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona.

El principal argumento del juez federal es que las autoridades no cuentan con la autorización de impacto ambiental requerida para cualquier obra en el país. “Si bien la sociedad está interesada en el desarrollo de vías de comunicación, de igual manera lo está en que ello se desarrolle sin la afectación al medio ambiente y con base en la normativa que al respecto se prevé en el derecho mexicano”.

Por su parte, el Gobierno de la 4T se había escudado en un decreto de noviembre del año pasado que designó el proyecto como un asunto de “seguridad nacional” para sortear los trámites a los que debía someterse. Pero el juez ha ordenado que, pese al decreto, el Tren Maya debe respetar la ley.

Pero como en la 4T todo es posible, en apenas un mes y cuatro días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 sur del Tren Maya, que fue ingresado a evaluación apenas el 17 de mayo pasado y quedó aprobado el 21 de junio, tan solo cuatro días después de concluida la consulta pública que recibió cientos de señalamientos sobre incongruencias, inconsistencias y falta de información técnica sobre el impacto que tendrá el tren en una zona en la que abundan ríos subterráneos, cavernas y cenotes.

Se trata de un tiempo récord, ajustado casualmente a los tiempos del proceso judicial paralelo que enfrenta el proyecto, pues dicha aprobación se presentó justo en la fecha fijada para la audiencia constitucional del amparo que mantiene detenidas las obras desde el pasado 18 de mayo. Ante ello, la audiencia se aplazó hasta el 28 de julio de este año, fecha en la que se resolverá de fondo el amparo 884/2022, es decir, si el juez concede o no la razón a los ambientalistas que pretenden cancelar en definitiva las obras del Tramo 5 sur, alegando que Fonatur inició el desmonte de selva sin contar con los permisos federales, lo cual atenta contra el derecho colectivo a un medio ambiente sano.

En fin, es una verdadera lástima que un proyecto de tal magnitud y que, desde el punto de vista socioeconómico, no cabe duda de que puede marcar un antes y un después en la región sureste, se quiera construir por medio de decretazos de la actual administración. Tristemente, deja mucho que pensar sobre el discurso de que este es un proyecto en pro de la economía y el pueblo de México. Pareciera que solo se trata de colgarse medallas, inaugurando proyectos inconclusos, sin pies ni cabeza, que más que dejar una derrama económica y generar empleos sostenibles, están afectando no solo la economía sino, el medio ambiente de nuestro país.

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