“Sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron” fueron las palabras del señor López Obrador para justificar que no obligará a los militares a que regresen a los cuarteles y abandonen las tareas de seguridad pública en México -tal y como propuso en repetidas ocasiones antes de convertirse en presidente del país- después de ser aprobada en el Senado una reforma para transferir la Guardia Nacional -una fuerza creada bajo mando civil- a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A prácticamente cuatro años de haber asumido la presidencia de México (y de ser el sexenio más violento en la historia de México) el senil señor tiene la audacia de echarle la culpa a su predecesor, que estuvo al frente del país hace ya más de 10 años. Pero más ingenuos seríamos nosotros en enfadarnos o si quiera asombrarnos, por la desfachatez de sus argumentos, sus encuestas, sus proyectos y su forma de gobernar a la que tristemente ya nos tiene acostumbrados.
Está de más decir que los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, por no mencionar los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas que han salpicado históricamente al ejército mexicano.
Acusaciones de militarización y pactos políticos
La Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa de López Obrador como una institución de carácter civil y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias por corrupción.
Aunque la reforma constitucional que dio lugar a su creación también establecía entonces que los militares se retirarían de las calles en 2024, el presidente es partidario de ampliar este plazo y apoyar una propuesta del opositor PRI, que apuesta por extenderlo hasta 2028.
Esto ya de por si genera dudas, pero para todos aquellos incrédulos, el pasado viernes 2 de septiembre, en la primera sesión del nuevo periodo de sesiones en San Lázaro, llamó la atención una foto en la que se aprecia al expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y morenista, Sergio Gutiérrez, que por cierto es amigo del fiscal de Campeche, Renato sales, con el presidente del PRI, Alejandro Moreno.
Y tan solo un día después de este encuentro se dio la sorpresa, que en el marco de la maratónica sesión de la Cámara de Diputados, se integró la Sección Instructora con 4 miembros: 2 diputados de Morena, 1 del PAN y 1 del PRI, integración que ya no daría para aprobar el posible desafuero para Alito Moreno, pues los legisladores morenistas requieren tres de los cuatro votos de los diputados integrantes de la Sección Instructora para avanzar con la solicitud de desafuero solicitada por Renato Sales.
Por si fuera poco, en medio de la polémica, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió muy airoso a decir que el PRI “hace bien en rectificar”, con la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre para extender hasta 2028 la estancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Y para no dejar lugar a dudas, la gobernadora Layda Sansores anunció que desde el pasado martes 6 de septiembre se decidió que por “temas legales” ya no hablarán del dirigente nacional del PRI en su mañanera “El Martes del Jaguar”.
En fin, al pueblo pan y circo.
Violaciones de derechos humanos
Diversos organismos criticaron duramente que el ejército no cuente con la formación adecuada para garantizar la seguridad de la población civil.
Aunque especialmente cuestionado es el hecho de que, tras la reforma, se extienda el fuero militar al personal de la Guardia Nacional por la implicación que militares han tenido en los últimos años en violaciones graves de derechos humanos. Una de ellas, por ejemplo, el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Pero el presidente López Obrador defiende la profesionalidad del ejército actual, marcando distancia con sus actuaciones en el pasado bajo el mandato de gobiernos anteriores.
Tras recibir luz verde en un solo día por la Cámara de Diputados y ser discutida por únicamente dos comisiones del Senado (ambas presididas por Morena y entre las que no se encontraba la Comisión de Derechos Humanos), la aprobada inclusión de la Guardia Nacional en la Sedena fue remitida al Ejecutivo federal y enfrentará seguramente una serie de recursos judiciales.
Debemos ser conscientes de que la profundización de la militarización en la administración pública va a ser muy difícil de revertir en los próximos años ya que no solo es entregar la seguridad pública al ejército, es también aumentar el poder que ya tienen. Lo que es peligroso y alarmante.
Ingeniero Industrial egresado del Instituto Tecnológico de Querétaro. Con cuatro años de experiencia en la gestión de proyectos, así como en el desarrollo de procesos orientados a la mejora continua. Apasionado por la gestión de recursos y servicio al cliente al más alto nivel de exigencia.