El Gobierno Federal presentó este lunes un nuevo acuerdo con empresarios, industriales, distribuidores de alimentos y comerciantes para combatir la inflación en los precios de los alimentos en México.
Y es que mientras la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre es de tan solo 0.62 puntos porcentuales, la de alimentos es de hasta 4.2 puntos porcentuales.
Por esta razón, el gobierno decidió responder con medidas para aumentar la producción y reducir los costos regulatorios y logísticos de la siguiente manera:
El gobierno otorgará a las empresas incluidas en el acuerdo una licencia única universal para que puedan estar exentas de trámites o permisos en el envase de sus productos, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) así como del impuesto general de importación. Se confiará en que las mercancías que comercian cumplan con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.
Mientras el acuerdo esté vigente, la autoridad suspenderá toda regulación que impida o encarezca la importación e internación de alimentos y su movilidad en el país, esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y regulación nacional.
Las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias tanto sanitarias como de cualquier otra índole.
Se mantendrá la política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018.
Se congelarán las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) hasta el 28 de febrero de 2023.
La autoridad atenderá los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos.
Se cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizada en el envase de alimentos. Se analizará la necesidad de extender esta limitación a otros productos.
El precio de la canasta básica de 24 productos se reducirá 8 por ciento, de mil 129 pesos a mil 39 pesos promedio hasta el 28 de febrero del 2023.
Empresas productoras de harina de maíz se comprometen a no subir los precios durante la vigencia del acuerdo. Se pretende que la harina básica extra premium sin conservadores alcancé un precio 3 por ciento menor al máximo promedio actual.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendrá suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción ante abusos.
Las autoridades emitirán los instrumentos para hacer válido el acuerdo, el cual entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por su parte, al sector privado le preocupa la entrada de importaciones sin controles sanitarios ni regulatorios, derivados de la nueva versión del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) anunciado por el Gobierno Federal, por lo que pidió ajustes a la Secretaría de Hacienda.
Debemos ser conscientes que el relajar las medidas de control en el comercio exterior para mantener los precios de los alimentos, podría traer riesgos a la salud de los consumidores; así como posibles problemas a las exportaciones inscritas bajos los acuerdos comerciales firmados por México.
Ingeniero Industrial egresado del Instituto Tecnológico de Querétaro. Con cuatro años de experiencia en la gestión de proyectos, así como en el desarrollo de procesos orientados a la mejora continua. Apasionado por la gestión de recursos y servicio al cliente al más alto nivel de exigencia.